Las empresas con más de 200 empleados (o 100 por turno) deberán elaborar planes de movilidad sostenible para incentivar que sus trabajadores usen medios de transporte activos (bicicleta, a pie), transporte público, vehículos con cero emisiones o compartan coche. Este requisito también afectará a entidades públicas estatales. Para empresas entre 50 y 200 empleados se podrá implementar de forma voluntaria con ayudas previstas.
Se actualizan las etiquetas medioambientales de los vehículos y se impulsa la electrificación con medidas para acelerar la implantación de infraestructuras públicas de recarga.
